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ARTÍCULO 3 - DERECHO A ENTENDER Y SER ENTENDIDO

Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para ayudar a las víctimas a entender y ser entendidas desde el primer contacto y durante cualquier otra interacción necesaria con una autoridad competente en el marco de un proceso penal. Las comunicaciones con las víctimas se deben proporcionar en un lenguaje sencillo y accesible, oralmente o por escrito. Dichas comunicaciones deberán tomar en cuenta las características personales de la víctima, incluida (entre otras) cualquier discapacidad. Las víctimas deben, en principio, estar acompañadas por la persona de su elección en el primer contacto.

ARTÍCULO 4 – DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓ DESDE EL PRIMER CONTACTO CON UNA AUTORIDAD COMPETENTE

Los Estados miembros garantizarán que se ofrezca a las víctimas, sin retrasos innecesarios, desde su primer contacto con la autoridad competente, información sobre el tipo de ayuda que pueden obtener las víctimas y de quién; los procedimientos para presentar una queja formal; cómo y bajo qué condiciones pueden obtener protección, acceder a asesoría legal y asistencia legal; acceso a compensación; derecho a interpretación y traducción; medidas especiales si residen en otro Estado miembro; detalles de contacto para comunicaciones sobre su caso; servicios de justicia restaurativa disponibles; cómo y bajo qué condiciones se pueden reembolsar los gastos incurridos como resultado de su participación en el proceso penal.

ARTÍCULO 5 – derecho de las víctimas cuando interpongan una denuncia

Los Estados miembros garantizarán que las víctimas que deseen denunciar una infracción penal y no entiendan o no hablen la lengua de la autoridad competente puedan presentar la denuncia en una lengua que entiendan o recibiendo la asistencia lingüística necesaria.

ARTÍCULO 6 – DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE SU CAUSA

Los Estados miembros garantizarán que se notifique a las víctimas, sin retrasos innecesarios, su derecho a recibir información relacionada con el proceso penal: Cualquier decisión de no iniciar o finalizar una investigación o de no procesar al infractor; la hora y el lugar del juicio, y la naturaleza de los cargos contra el infractor; de Cualquier sentencia firme en un juicio y de información sobre el estado del proceso penal, de acuerdo con su rol en el sistema de justicia penal; sobre el motivo que llevó a las decisiones mencionadas; notificación en caso de que la persona en prisión preventiva, inculpada o condenada sea liberada o se haya fugado.

ARTÍCULO 7 – DERECHO A TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Los Estados miembros velarán por que las víctimas que no entiendan o no hablen la lengua del proceso penal reciban, si así lo solicitan, servicios de interpretación, al menos durante las entrevistas o interrogatorios, y la traducción de información esencial para el ejercicio de sus derechos en los procedimientos penales de conformidad con su papel. Las víctimas pueden impugnar una decisión por no proporcionar interpretación o traducción.

ARTÍCULO 8 – DERECHO DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS VÍCTIMAS

Los Estados miembros garantizarán que las víctimas tengan acceso gratuito y confidencial a servicios de apoyo a las víctimas, antes, durante y por un periodo de tiempo apropiado después de la conclusión del proceso penal. Los Estados miembros facilitarán la derivación de las víctimas por parte de la autoridad competente que recibiera la denuncia a los servicios de apoyo a las víctimas. Los Estados miembros adoptarán medidas para establecer servicios de apoyo especializados adicionales a los servicios generales de apoyo a las víctimas o como parte de ellos. Los Estados miembros garantizarán que el acceso a cualquier servicio de apoyo a las víctimas no dependa de que la víctima presente una denuncia formal por una infracción penal ante una autoridad competente.

ARTÍCULO 9 – APOYO PRESTADO POR SERVICIOS DE APOYO A LAS VÍCTIMAS

Los servicios de apoyo a las víctimas deberán, como mínimo, proporcionar: a) información, asesoramiento y apoyo relacionados con los derechos de las víctimas; b) información sobre o derivación directa a cualquier servicio relevante de apoyo especializado; c) apoyo emocional y psicológico; d) asesoramiento sobre cuestiones financieras y prácticas derivadas de los delitos; e) asesoramiento relacionado con el riesgo y la prevención de la victimización secundaria y reiterada, intimidación o represalias.

Los servicios de apoyo especializado deberán desarrollar y proporcionar: a) albergues o cualquier otro alojamiento provisional apropiado para las víctimas; b) apoyo específico e integrado para las víctimas con necesidades específicas.

ARTÍCULO 10 – DERECHO A SER OÍDO

Los Estados miembros garantizarán que las víctimas puedan ser oídas durante el proceso penal y puedan aportar pruebas. Cuando se escuche a una víctima menor, se tendrá en cuenta la edad y el grado de madurez del niño

ARTÍCULO 12 – DERECHO A GARANTÍAS EN EL CONTEXTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA REPARADORA

Los Estados miembros adoptarán medidas para proteger a la víctima de la victimización secundaria o reiterada, de la intimidación o de las represalias, medidas que se aplicarán cuando se faciliten servicios de justicia reparadora. Los Estados miembros facilitarán la derivación de casos, si procede, a los servicios de justicia reparadora.

ARTÍCULO 17 – DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS RESIDENTES EN OTRO ESTADO MIEMBRO

Los Estados miembros velarán por que las autoridades puedan tomar las medidas necesarias para paliar las dificultades a las que se enfrenta la víctima cuando resida en un Estado miembro distinto de aquel en el que se cometió el delito. Las autoridades del Estado miembro en el que se cometió el delito estarán en una posición:
a) tomar una declaración inmediatamente después de que la denuncia se presente a la autoridad competente;
b) recurrir a videoconferencias y llamadas telefónicas con el fin de escuchar a las víctimas que residen en el extranjero.
Los Estados miembros velarán por que las víctimas de una infracción penal cometida en Estados miembros distintos de aquél donde residan puedan presentar una denuncia ante las autoridades competentes del Estado miembro de residencia, si no pueden hacerlo en el Estado miembro en el que se cometió la infracción, o en caso de infracción grave, según lo determine la legislación nacional de ese Estado miembro, o si no desearan hacerlo.
Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente ante la Cuál la víctima presente una denuncia la transmita sin demora a la autoridad competente del Estado miembro en el que se cometió el delito, si el Estado miembro no ha ejercido la competencia para incoar el procedimiento en el Cuál la denuncia fue hecha.

ARTÍCULO 18 – DERECHO A LA PROTECCIÓN

Los Estados miembros velarán por que se tomen medidas para proteger a las víctimas y sus familiares de la victimización secundaria y reiterada, de la intimidación y las represalias, incluido el riesgo de daños emocionales o psicológicos, y para proteger la dignidad de las víctimas durante la toma de declaración y el testimonio.

ARTÍCULO 19 – DERECHO A EVITAR EL CONTACTO ENTRE VÍCITMA E INFRACTOR 

Los Estados miembros establecerán las condiciones necesarias para evitar el contacto entre las víctimas y sus familiares, cuando sea necesario, y el delincuente dentro de las dependencias donde se celebre el proceso penal, salvo que este lo requiera. Los Estados miembros garantizarán que toda nueva dependencia de los tribunales cuente con salas de espera separadas para las víctimas.

ARTÍCULO 20 – DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DURANTE LAS INVESTIGACIONES PENALES

Los Estados miembros velarán por que durante las investigaciones penales: a) las entrevistas a las víctimas se lleven a cabo sin dilaciones injustificadas; b) el número de declaraciones a las víctimas sea el mínimo posible y las entrevistas se lleven a cabo únicamente cuando sea estrictamente necesario a los fines de la investigación penal; c) las víctimas pueden ser acompañadas por su representante legal y una persona de su elección; d) el examen médico se reduzca al mínimo y se efectúe únicamente si es estrictamente necesario para los fines del proceso penal.

ArtÍcULO 21 – DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD

Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes puedan tomar las medidas adecuadas durante el procedimiento penal para proteger la privacidad. Además, los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes puedan tomar todas las medidas legales para evitar la difusión pública de cualquier información que pueda llevar a la identificación de una víctima menor. Los Estados miembros instarán a los medios de comunicación aplicar medidas de autorregulación.

ARTÍCULO 22 – INDIVIDUAL ASSESSMENT OF VICTIMS TO IDENTIFY SPECIFIC PROTECTION NEEDS

Los Estados miembros velarán por que las víctimas reciban una evaluación puntual e individual para determinar las necesidades específicas de protección debido a su especial vulnerabilidad a la victimización secundaria y reiterada, a la intimidación y las represalias.

ARTÍCULO 23 – derecho a la protección de las víctimas con necesidades especiales de protección durante el proceso penal

Los Estados miembros garantizarán que las víctimas con necesidades especiales de protección que se benefician de medidas especiales determinadas a raíz de una evaluación individual, puedan beneficiarse de las siguientes medidas: a) se tomará declaración a la víctima en dependencias diseñadas o adaptadas para tal fin; b) entrevistas con la víctima llevadas a cabo por o a través de profesionales capacitados para tal fin; c) todas las declaraciones con la víctima serán realizadas por las mismas personas; d) todas las declaraciones con víctimas de violencia sexual, violencia de género o violencia en relaciones personales que sean realizadas por una persona del mismo sexo que la víctima, si la víctima así lo desea. Las víctimas con necesidades especiales de protección también tendrán las siguientes medidas disponibles: a) medidas para evitar el contacto visual entre las víctimas y los infractores; b) medidas para garantizar que se escuche a la víctima en el tribunal sin que esté presente; c) medidas para evitar que se formulen preguntas innecesarias sobre la vida privada de la víctima no relacionada con la infracción penal; d) medidas que permitan una audiencia sin la presencia de público.

ARTÍCULO 24 – derecho a la protección de las víctimas menores de edad durante el proceso penal

Los Estados miembros garantizarán que, cuando la víctima sea menor: a) en las investigaciones penales, todas las declaraciones con la víctima menor puedan grabarse por medios audiovisuales; b) en investigaciones penales y procedimientos, las autoridades competentes designen a un representante para las víctimas menores cuando los titulares de la responsabilidad parental no pueden representar a la víctima menor como resultado de un conflicto de intereses entre ellos y la víctima menor, o cuando la víctima menor no está acompañada o que esté separada de la familia; c) cuando la víctima menor tenga derecho a un abogado, él o ella tendrá derecho a asesoramiento y representación legal, en su propio nombre, en los procedimientos donde hay, o podría haber, un conflicto de intereses entre la víctima menor y los titulares de la responsabilidad parental.

ARTÍCULO 25 – formación de los profesionales

Los Estados miembros garantizarán que los profesionales que puedan tener contacto con las víctimas (por ejemplo, agentes de policía, jueces, abogados, trabajadores de apoyo a las víctimas) reciban formación para sensibilizarlos sobre las necesidades de las víctimas y tratarlos de forma imparcial, respetuosa y profesional.

ARTÍCULO 26 – cooperación y coordinación de los servicios

Los Estados miembros facilitarán la cooperación entre los Estados miembros para mejorar el acceso de las víctimas a sus derechos. Esto puede incluir el intercambio de mejores prácticas, consultas en casos individuales y asistencia a las redes europeas. Los Estados miembros también deberían sensibilizar sobre los derechos establecidos en la Directiva mediante campañas de información y sensibilización, así como programas de investigación y educación.